En medio de la crisis económico-social del año 1998, el Gobierno de Neuquén decidió exigir a las empresas petroleras que operaban en la provincia la remediación de los derrames en la cuenca del Río Limay.
Primero se encargó un estudio a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que generó muchas controversias y finalmente no llegó a buen término en cuanto a la posibilidad de viabilizar un acuerdo entre partes.
En virtud de ello el Gobernador nos solicitó realizar un segundo análisis, en el cual no solo se tuviera en cuenta la realidad de la situación y el óptimo remediable sino que también se brindaran escenarios de negociación posibles que, sin dañar los intereses de la provincia, permitieran tomar en cuenta algunos de los cuestionamientos que las empresas le habían hecho a la primera propuesta a razón de la imposibilidad de su cumplimiento por motivos diversos, tanto económicos como de rechazo de las responsabilidades que se les endilgaban. Así las cosas ayudamos al Gobierno de la Provincia a cerrar un acuerdo ambiental justo para todas las partes y se comenzó a mejorar sensiblemente la responsabilidad ambiental del sector petrolero en la Provincia.